La ley de extensión del uso del certificado sanitario promulgado por el Ejecutivo de Emmanuel Macron superó la votación del Senado, aunque con numerosos cambios importantes y modificaciones del texto original.
El objetivo es que pueda entrar en funcionamiento a partir de agosto, pero antes de ello se tiene que celebrar una comisión parlamentaria mixta de diputados y senadores para ratificar los cambios introducidos a la ley por los senadores.
La estrategia, que busca impulsar el número de personas inoculadas, provocó protestas durante el fin de semana, cuando salieron a la calle más de 160.000 manifestantes en todo el país para oponerse a una iniciativa que, según afirman, erosiona libertades civiles.
Esta ley decreta la vacunación obligatoria del personal de hospitales y residencias geriátricas. También exige el “certificado sanitario” –conformado por un certificado de vacunación, un test covid-19 negativo de menos de 48 horas o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos- lo que permitiría a sus portadores ingresar a bares, restaurantes, centros comerciales y transportes de larga distancia.
Inicialmente se aplica a todos los adultos, pero a partir del 30 de septiembre se aplicará a todos los mayores de 12 años.