por Richard Fredy Muñoz. Director de Noticias GPS
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el acuerdo alcanzado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para el suministro de diésel ruso a los mercados estadounidense y global, una decisión cuestionada por legisladores de ambos partidos.
Trump sostiene que la medida busca aliviar los precios del combustible y beneficiar a sectores como el transporte, la agricultura y la ganadería.
El anuncio, realizado el 9 de octubre, contempla un suministro inmediato de más de 300.000 toneladas de diésel, seguido de 500.000 toneladas en noviembre, un millón de toneladas adicionales y otros tres millones según la capacidad de las refinerías rusas: más de 4,8 millones de toneladas en total. El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza estas transacciones hasta el 7 de abril de 2027.
Las cifras explican la urgencia: el diésel promedia 6,20 dólares por galón en Estados Unidos (semana del 5 de octubre, Administración de Información de Energía), tras tocar un máximo histórico de 6,53 dólares el 21 de septiembre; es decir, 2,49 dólares más que hace un año. La propia EIA proyecta que el precio se mantendrá por encima de los 6 dólares durante octubre.
Los críticos advirtieron que flexibilizar las restricciones beneficia económicamente a Moscú mientras continúa la guerra en Ucrania y debilita la política de sanciones de Washington. Doce senadores —seis republicanos y seis demócratas— pidieron este martes al presidente revertir el acuerdo. El Congreso aprobó este año una ley bipartidista de sanciones, impulsada por el fallecido senador Lindsey Graham, que autoriza aranceles del 100 % a los principales compradores de energía rusa.
Incluso el alivio prometido está en duda: los senadores firmantes sostienen que el acuerdo ofrecerá «un alivio limitado o nulo» a los estadounidenses, una lectura que coincide con la proyección de la propia EIA.
El contexto histórico dimensiona el giro: en marzo de 2022, Estados Unidos prohibió todas las importaciones de energía rusa tras la invasión de Ucrania. En 2021, el país había importado 245 millones de barriles de crudo y derivados rusos, cerca del 8 % de sus importaciones petroleras. Cuatro años después, Washington vuelve a comprarle combustible a Moscú.
La presión es doble. El conflicto con Irán amenaza el estrecho de Ormuz —por donde circulaba el 20 % del petróleo mundial— y los ataques a refinerías en Arabia Saudita y Rusia mantienen los inventarios de destilados de la costa este 32 % por debajo del promedio de cinco años. Y el calendario apremia: las elecciones legislativas son el 3 de noviembre.
La verdad, a primera vista, es que la Casa Blanca enfrenta dos crisis simultáneas con una sola herramienta rápida. La primera es económica: el diésel por encima de los 6 dólares golpea al transporte, la agricultura y, por esa vía, el precio de los alimentos a tres semanas de las legislativas. La segunda es estratégica: cada tonelada comprada a Moscú contradice la ley de sanciones que el propio Congreso aprobó este año y entrega ingresos a Rusia en plena guerra. La Casa Blanca apuesta a que el alivio en el surtidor pese más que el costo diplomático; el Capitolio —de ambos partidos— apuesta lo contrario.
He aquí el dilema: contener los costos energéticos de los estadounidenses o sostener la presión sobre Moscú. Trump eligió lo primero y lo defendió como «la decisión correcta». Ya veremos si el descuento en el diésel valió el precio pagado en Washington, en Kiev y en Bruselas. Por ahora, el surtidor manda… y las elecciones están a tres semanas.
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