Por: José Obdulio Espejo Muñoz
Lejos de cualquier duda, podría afirmarse que los militares colombianos tenemos por némesis la conducta típica y antijurídica de los homicidios en persona protegida, más conocidos mediáticamente como «falsos positivos» o ejecuciones extrajudiciales.
La explosiva y lapidaria confesión en los estrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del coronel en retiro Luis Fernando Borja, del Ejército Nacional, confirmaría esta tesis. De ahí que el tribunal transicional decidió filtrar a la prensa apartes del reconocimiento de culpa que hizo el citado oficial en al menos 57 casos de homicidios en persona protegida.
En un segundo momento, se echó a rodar en redes sociales un video de 20 minutos que tiene por protagonista al teniente retirado Juan Esteban Muñoz, también de esta fuerza de tierra. Muñoz confiesa en cámara su participación en deleznables episodios de «falsos positivos», en esta pieza gráfica autoría de un colectivo que se autodenomina La Tribu Reparadora.
Luego, la JEP hizo pública la aceptación de responsabilidad del brigadier general en retiro Paulino Coronado y de otros 20 exmilitares y un civil en sucesos similares en El Catatumbo y en el Caribe colombiano. El general, a título de omisión, y los demás en calidad de determinadores y autores materiales.
Un día después la cereza en el pastel la colocó presidente de la JEP Ricardo Cifuentes Muñoz. El togado aseguró en el programa El Radar, de Blu Radio, que, en estos casos de “falsos positivos”, la cadena de mando estuvo “involucrada conforme a los hallazgos de la Jurisdicción”.
De ahí que no es fruto del azar que la JEP entregue información a la prensa sobre estos episodios a cuentagotas ?estrategia de comunicación de vieja data para posicionar una idea y mantenerla vigente?y al mismo tiempo La Tribu Reparadora publique su venenoso video.
Seguramente, al seguir el hilo de ambos casos, se pueda comprobar que detrás de estos está el mismo cerebro.
La estrategia
Las confesiones de Borja y Muñoz dan luces sobre la estrategia soterrada que estaría tras bambalinas para elevar a la categoría de crimen de Estado los “falsos positivos”.
Ambos exoficiales justifican sus abyectas conductas criminales en la educación que les fue impartida en las escuelas de formación y capacitación castrense. Según Borja, desde su ingreso a la Escuela Militar de Cadetes del Ejército, se le enseñó que “todo lo que huela a comunismo es nuestro enemigo» y debía ser exterminado.
Con todo, los argumentos de Borja no soportan el peso de los hechos. Si fueran ciertas sus afirmaciones, los demás integrantes de su promoción ?471 oficiales que ascendieron con él a subtenientes el 5 de diciembre de 1986? habrían seguido el mismo rumbo. Pero no, únicamente tres de sus “cursos” purgan condenas (menos del 0,6 por ciento), dos por “falsos positivos” como él y el tercero por una masacre.
Por esto, la conducta impúdica y a título individual de Borja motivó una carta abierta de su compañero de curso, el también coronel retirado Julio Cesar Prieto, quien le recuerda como sus caminos se dividieron en el ocaso de sus carreras, cuando el primero optó por el lado oscuro y el segundo por una vida con honor.
Por su parte, el teniente Muñoz escuda su reprochable conducta en la recurrente entonación de cánticos para acompañar el trote mañanero ?que, dice él, le fueron enseñados desde su arribo a la escuela José María Córdova?, en arengas de los comandantes durante formaciones y reuniones y a la presión de estos para la obtención de resultados.
Para el ciudadano de a pie, los colectivos de derechos humanos y un segmento del periodismo poco analítico del ahora, estos sucesos y las noticias de la JEP ?hechos aparentemente aislados entre sí? corroborarían la tesis según la cual existió una política institucional en el seno del Ejército y en el Estado de exterminio sistemático de civiles no afines a idearios de derecha, amparada en una cuestionable doctrina militar que tiene un negro capítulo denominado «enemigo interno».
Fácil caer en esta treta o engaño con tintes propagandísticos, en el entendido de que se trataría, nada más ni nada menos, que de una estrategia articulada entre la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) para impulsar narrativas en este sentido y construir imaginarios perversos sobre el actuar de los militares colombianos en 60 años de conflicto armado.
Así me lo hicieron saber un par de exfuncionarios de la Comisión que hicieron parte de la Dirección de Conocimiento y otras fuentes fidedignas de la JEP.
Una de estas fuentes fue enfática al señalar que, ante la imposibilidad de probar la existencia de un cuerpo doctrinario en el Ejército bajo el rótulo de «enemigo interno», en la Dirección de Conocimiento de la CEV, verbo y gracia, se habla hoy de esta entelequia como una «hipótesis» que debe ser «comprobada a como dé lugar».
Incluso, asegura la fuente, los documentadores de la Comisión, por instrucciones del comisionado Alejandro Valencia Villa, «sólo pueden allegar a los expedientes aquellos indicios que comprueben las conjeturas del ‘enemigo interno’. Lo demás se desecha».
El caso Borja
Muchos se preguntarán por qué el coronel Borja prendió el ventilador para salpicar con su barro al conjunto de las instituciones militares de Colombia. La respuesta es simple: salvar su pellejo gracias a una justicia de transición laxa en el quantum punitivo.
Al final del día, con el aporte de su verdad ?claro está, «echando al agua» a superiores y subalternos que, según él, habrían sido sus cómplices? Borja, el criminal, no pasará otro día más tras las rejas por los asesinatos que ordenó cometer.
Al reconocer su responsabilidad y ofrecer esta verdad exhaustiva, detallada y plena ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ?claramente condimentada con la delación de otros uniformados?, Borja recibirá una sanción alternativa, que será restrictiva de la libertad y tendrá una duración entre cinco y ocho años.
De hecho, si bien Borja estuvo detenido por condenas que en el régimen ordinario suman más de cien años, un juez ordenó su libertad transitoria en cumplimiento de lo pactado sobre justicia en el Acuerdo Final.
Según la óptica desde donde se le mire, este modelo puede ser perverso y a la vez ofrecer redención, toda vez que, bajo la promesa de libertad, lleva a algunos indiciados a reconocer delitos como si estos se hubieran orquestado desde el establecimiento ?sin importar si en realidad fueron cometidos a muto propio? y a otros a inculparse para aliviar la carga de la pena.
El mensaje que se lee entre líneas en el comunicado de prensa que dio a conocer el general Coronado sobre su aceptación de culpa y rogativa de perdón, denota a un militar que no tuvo mayores opciones.
“Como lo he expresado ante los honorables magistrados, quienes lo contrastaron, nunca ordené, planeé o instigué la muerte de ninguna de las víctimas causadas por los miembros del Ejército; pero, como una obligación con mi familia, las víctimas y el país, he decidido aceptar la responsabilidad a título de omisión en tales hechos», escribió Coronado en su comunicado.
Negar la ocurrencia de los “falsos positivos” sería oprobioso para con las víctimas y el derecho a la verdad que nos asiste a los colombianos ?uno, dos mil o seis mil casos son igual de graves?, pero otra cosa es asegurar que estos hicieron parte de políticas institucionales o de prácticas estatales, como se pretende hacer creer a través de los fallos de la JEP y en la verdad contenida en el informe final de la Comisión. He aquí el quid del asunto.