Por: José Obdulio Espejo Muñoz
Más de una treintena de generales retirados del Ejército tendrían su suerte echada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En los estrados judiciales de la transición se les señalará a la mayoría como determinadores de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales (léase homicidios en persona protegida) y a unos pocos como responsables de omisión en episodios relacionados con esta conducta típica y antijurídica.
Además de haber alcanzado las charreteras de general en el Ejército y estar todos en condición de retiro, estos altos oficiales tienen otros dos puntos en común: primero, ocuparon importantes posiciones de comando durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez (7 de agosto de 2002 a 7 agosto de 2010) y, segundo, fueron mentados por algunos de los 51 soldados, 38 suboficiales y 42 oficiales que ya entregaron versión a la JEP en algo más de 400 sesiones de escucha.
A los nombres de los generales retirados Mario Montoya Uribe, Paulino Coronado Gámez, Miguel David Bastidas, Henry Torres Escalante, Carlos Saavedra, Guillermo Quiñónez Quiroz, Emilio Enrique Torres Ariza, Jaime Lasprilla Villamizar, William Fernando Pérez Laiseca y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, se sumarían los de otros altos mandos castrenses de la época, incluido el de un oficial que ocupó el cargo de Comandante General de las Fuerzas Militares.
De hecho, en el sonajero recientemente se incluyó un nuevo nombre: el de Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, también en retiro, quien hasta hace unas semanas fungía como director de la Defensa Civil Colombiana (DCC). Al conocerse el interés de la JEP en este general, el ministerio de Defensa, de quien depende el organismo de socorro, no dudó en decretar la insubsistencia del cargo.
Si bien la JEP dijo que esa decisión se tomó después de que la Sala de Reconocimiento de Verdad analizó 81 versiones entregadas por uniformados de la Novena Brigada del Ejército ?las cuales contrastó con información de inspecciones judiciales, documentos militares e informes de organizaciones de víctimas?, en este caso en particular tuvo mayor peso específico el testimonio que rindió voluntariamente el confeso criminal Juan Carlos Rodríguez Agudelo, mayor retirado del Ejército conocido con el remoquete de «Zeus».
Alias «Zeus» acusó a oficiales del Ejército de tener nexos con grupos de autodefensas en la época en que él formó parte del batallón de infantería Pantano de Vargas (1998), comandado por aquel entonces por el teniente coronel Pérez Guarnizo. Precisamente, esta unidad militar con puesto de mando en Granada (Meta) fue objeto de un ataque terrorista la semana pasada.
En este punto del escrito es importante indicar que la JEP también ha llamado a rendir versión a varios generales del Ejército que aún están en actividad o se retiraron hace poco: Mauricio Zabala Cardona, Adolfo Hernández Martínez, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Yuber Armando Aranguren Diaz.
Pieza clave
El llamamiento a la JEP del general retirado Pérez Guarnizo abre un nuevo abanico de posibilidades para que el Tribunal para la Paz, en el contexto del macrocaso 03, configuré nuevos argumentos en el afán de consolidar su hipótesis sobre los máximos responsables en el seno de las Fuerzas Militares y la existencia de políticas institucionales y estatales no escritas que avalaron tan aborrecibles conductas.
Él sería la pieza clave para unir los “falsos positivos” con uno de los nuevos macrocasos que se abrirían este año. Claro que me refiero al del paramilitarismo, el cual tendría subcasos en los que se abordarían, entre otros, actos de desaparición forzada, masacres y desplazamiento forzado y hasta violencia sexual.
Resulta oportuno recordarle a este país sin memoria que, a finales del año pasado, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, aseguró en el programa El Radar de Blu Radio que, en estos casos de “falsos positivos”, la cadena de mando estuvo “involucrada conforme a los hallazgos de la Jurisdicción”.
Y es aquí donde los testigos estrella de la JEP entran en juego. Se trata del coronel Luis Fernando Borja, el mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo (Zeus), el teniente Juan Esteban Muñoz y más recientemente el sargento Alexander Chalá Sáenz ?este último candidato al Congreso por la lista de la Colombia Humana de Gustavo Petro?, con quienes se ha desarrollado una brillante estrategia mediática.
Al reconocer su responsabilidad y ofrecer esta “verdad exhaustiva, detallada y plena” ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ?claro está, delatando a sus superiores?, los primeros tres recibirían una sanción alternativa, que sería restrictiva de la libertad y tendría una duración entre 5 y 8 años.
Si bien la teoría del Acuerdo Final en termas de justicia señala que los comparecientes solo están obligados a decir su verdad, la delación de compañeros, subalternos o superiores es una consecuencia inevitable. ¡Miopes aquellos que no advirtieron el lado oscuro de esta práctica!
En el caso de Chalá ?quien no tiene la real calidad de compareciente ante los estrados transicionales? sería importante que la JEP adoptarán decisiones de fondo en su contra, bien a título de omisión o de complicidad, como quiera que este suboficial dice haber sido testigo de la ocurrencia de “falsos positivos” en la región de Urabá entre 2004 y 2005. Claro que estoy convencido de que jamás lo harán.
Como señalé en la primera entrega de esta columna, este modelo de justicia ?según la óptica desde donde se le vea? puede ser tanto redentorista como perverso. Bajo la promesa de libertad, lleva al indiciado a reconocer delitos como si estos se hubieran orquestado desde el establecimiento ?sin importar si en realidad fueron cometidos a motu propio? y a inculparse o inculpar a otros con un único objetivo: aliviar la carga de la pena.