El año pasado, Lubby Navarro, miembro de la junta escolar del condado de Miami-Dade, fue nombrada copresidente de la Comisión Nacional Latina en el Censo de 2020. El panel fue establecido por el Fondo Educativo NALEO, una organización sin fines de lucro, que aboga por la participación de los latinos en la vida cívica y política de los Estados Unidos.
En los últimos meses, la comisión celebró varias audiencias en todo el país, incluidos Los Ángeles (California), Nueva York (Nueva York), San Antonio (Texas), Columbus (OH) y Orlando (Florida). Como resultado de estas reuniones, la comisión está a punto de publicar, a fines de este mes, un informe con recomendaciones a la Oficina del Censo sobre cómo obtener el recuento más exacto de latinos y de las comunidades «difíciles de contar».
Según Navarro, la recomendación principal de la comisión es no preguntar a los constituyentes sobre su estatus migratorio, lo que los funcionarios federales planean hacer en 2020 por primera vez en décadas. “Tenemos muchas esperanzas de que la Corte Suprema escuchará nuestros argumentos. Ellos determinarán si esa pregunta de ciudadanía permanece o no en el formulario del censo «, dijo Navarro.
Muchos inmigrantes están preocupados sobre cómo la información en el censo podría ser usada en su contra. Ellos no responderán por temor a la deportación, y el resultado podría ser que las comunidades inmigrantes pierdan representación en el gobierno o tengan acceso a ayuda federal vital.
«Además, existe un temor natural en nuestra comunidad contra los gobiernos, ya que muchas personas en el sur de la Florida son inmigrantes latinoamericanos que sufrieron desigualdades y opresión en sus países debido a gobiernos corruptos», dijo Navarro.
Sin embargo, Navarro es una defensora feroz para que todos completen el censo, y aunque no se elimine la pregunta sobre el estatus migratorio, ella alienta a todos los latinos a participar en el conteo.
«Animo a todos los latinos a participar en el censo, independientemente de su estatus migratorio, ya que de acuerdo con nuestra constitución y la ley federal, esta información no se puede divulgar al público en 72 años, ni se puede compartir entre las agencias federales», afirmó enfáticamente.
Además, completar el censo es sumamente importante porque 170 programas federales dependen de los datos del censo. «El gobierno federal asigna fondos según el conteo del censo, para programas como educación, vivienda, servicios sociales, transporte, entre otros», agregó.
Los resultados guiarán la distribución de más de $800 mil millones en fondos federales, usualmente asignados por condado, haciendo de la medición completa de la población una prioridad local crucial. «Se trata realmente de tratar de convencer a la gente local para que participe», dijo Navarro.
Si el conteo sale errado, los condados van a sentir el impacto durante una década. Por lo tanto, Navarro está alentando a los funcionarios del gobierno local a que comiencen a involucrar a sus electores a tomar el censo, que se administrará en marzo de 2020.