La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones de pesos contra 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.
Este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones.
Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, 2 gerentes de EPM, 2 gerentes de Hidroituango, 1 gerente de la filial EPM-Ituango, 2 exalcaldes de Medellín y 2 exgobernadores de Antioquia. El resto son contratistas.
Al abrir el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos, se vinculó entonces a 34 presuntos responsables, de los cuales, con la decisión tomada ahora, de forma jurídica y autónoma, por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 28 fueron imputados y a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño.
Consecuencias de la cadena de errores
Al proferir esta importante decisión, la Contraloría consideró que los errores cometidos en el proyecto Hidroituango, trajeron tres graves consecuencias:
La primera consecuencia es que se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones).
La segunda es que se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019.
Y la tercera consecuencia es la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras.
Trabajo de un año de equipo de expertos
Como destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba, en una rueda de prensa, donde se anunció la decisión proferida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, el proceso fiscal fue abierto el 9 de noviembre de 2019, o sea que se tomó un año en llegar a la decisión de imputación, como resultado de una exhaustiva y rigurosa investigación por parte de un equipo multidisciplinario de abogados, ingenieros y contadores.
Este equipo de expertos, con el acompañamiento técnico permanente de la Universidad Nacional, analizó más de 2 teras de información en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal originado en una Actuación Especial de Control Excepcional adelantada en su momento por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, atendiendo una solicitud que hiciera en febrero de 2019 la Veeduría Ciudadana Recursos Sagrados.
Desde el momento en que la Contraloría General de la República recibió esa solicitud, asumió la vigilancia del proyecto y se comprometió a entregar resultados en forma oportuna, técnica y con todas las garantías.
Evaluación de antecedentes, hitos y decisiones
La Contraloría evaluó el proyecto hidroeléctrico Ituango desde cuando comenzó a concebirse en 1962, a planearse en los años 70s, y a desarrollarse a finales de los años 90s, momento en que se iniciaron los trámites para la obtención de la licencia ambiental.
También hizo seguimiento a la etapa de impulso definitivo, tiempo en el que se buscaron los recursos financieros y se avanzó en la elaboración de los diseños y en la construcción de infraestructura. Fue en ese entonces, cuando se dio paso a las obras principales de la hidroeléctrica.