En un fallo que ha sacudido el panorama político, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. La decisión se basa en un vicio de procedimiento relacionado con la falta de análisis del impacto fiscal, contraviniendo normativas constitucionales.
El tribunal ha concedido al Ministerio de la Igualdad un tiempo de gracia hasta el 20 de junio de 2026, pero su permanencia más allá de esta fecha depende de la formulación y aprobación de una nueva ley que corrija los errores señalados. Este revés judicial ha generado una mezcla de sorpresa y controversia en los círculos políticos, con opiniones divididas sobre la necesidad de garantizar la igualdad y la transparencia en la gestión gubernamental.
Las reacciones al fallo sobre el Ministerio de la Igualdad han sido variadas: la senadora Paloma Valencia, una de las demandantes, criticó la falta de claridad sobre el impacto fiscal del Ministerio, mientras que la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, expresó su descontento en redes sociales, señalando el contexto de desigualdad en el país y la importancia de la institucionalidad.