Quienes no votamos por Gustavo Petro nunca creímos en sus promesas. Basados en su pobre gestión como alcalde, siempre pensamos que sería un mal presidente, y no nos ha decepcionado.
Pero millones de personas sí creyeron en sus promesas de cambio y lo veían como una especie de redentor social de los más pobres. Sin embargo, nada de eso ha sucedido.
Dos años después de su posesión, “el cambio” no ha llegado. Ha sido más de lo mismo, e incluso peor, en muchos aspectos.
Antes de llegar al poder, el caballito de batalla de Petro y sus seguidores era la corrupción durante el gobierno de Iván Duque. Pero en su propio mandato, no han dejado de surgir escándalos de corrupción. Lo más preocupante es que no pasa nada: los funcionarios señalados siguen en sus cargos y las denuncias no tienen consecuencia alguna.
Ni Ricardo Roa en Ecopetrol, ni Laura Sarabia en el DAPRE, ni Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda han renunciado a sus cargos, a pesar de las graves acusaciones que enfrentan.
Y eso sin mencionar que es la primera vez en la historia del país que el hijo de un presidente afronta un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Pese a las denuncias sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial —que involucran al entonces gerente de campaña Ricardo Roa—, este continúa tranquilamente en su cargo como presidente de Ecopetrol.
Lo más inquietante es que muchas personas siguen creyendo el discurso manipulador de Petro, quien sostiene que las denuncias contra su gobierno son inventos de los medios de comunicación o estrategias de la “derecha” para obstaculizar su gestión.
Mientras tanto, la violencia en regiones como el Cauca se ha incrementado a niveles que no se veían en décadas. En diversas zonas del país, los grupos armados ilegales se sienten dueños del territorio y actúan sin temor al Estado. Intimidan a los ciudadanos, secuestran, instalan retenes, imponen paros armados que paralizan regiones enteras, atacan con drones al Ejército, y el Estado se muestra débil frente al poder de estas estructuras criminales.
La economía crece por debajo del 1 %, los precios de los alimentos y la gasolina están por las nubes, y sectores clave como la industria y la construcción llevan meses en caída. Anuncios del Gobierno, como frenar la exploración de hidrocarburos o cancelar la exportación de carbón a Israel, debilitan la confianza inversionista, mientras la burocracia crece. Es legítimo preguntarse cómo se financiará un gasto público tan elevado cuando los ingresos siguen disminuyendo.
Este panorama desolador es evidente para quienes nunca vimos a Petro como un estadista. Pero sus seguidores lo siguen apoyando ciegamente, creen en su discurso y aplauden su gestión.
Aún más desconcertante es la actitud de millones de colombianos que, aunque saben que el país no va por buen camino, no reaccionan. Parecen estar en negación o viviendo en una burbuja del tipo “si no me afecta directamente, no me importa”. Y eso es lo más triste, porque mientras el país retrocede, nadie hace nada.
La clave del futuro está en los próximos dos años, en los que sabremos si el Gobierno respetará la democracia o si intentará crear artimañas para perpetuarse en el poder. Si eso ocurre, estaremos perdidos. El futuro de Colombia podría ser como el de nuestro vecino Venezuela, donde, pese a la oposición de la mayoría, el régimen que destruyó la economía sigue gobernando mediante la intimidación y la represión.
¿Repetirá Colombia esa historia o habrá una luz al final del túnel?