Un verdadero rifirrafe se habría presentado entre los magistrados de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) por cuenta del Auto 244 de noviembre pasado, en el que se adiciona el delito de lesa humanidad de esclavitud al grave crimen de guerra de toma de rehenes, ambas conductas endilgadas a los máximos responsables de las extintas Farc en su calidad de “comparecientes individualizados”, en el marco del Caso 01 «Toma de Rehenes y graves privaciones de la libertad».
Esta confrontación de ideas se habría presentado porque, según una fuente de alta fidelidad, un grupo de magistrados del Tribunal para la Paz considera que endilgar este crimen a los ex-Farc fue un craso error y una “indelicadeza”, en tanto un grupo minoritario de togados opina que tal imputación se ajusta al marco normativo nacional e internacional que guía su mandato y misionalidad, claro está incluido el texto del Acuerdo Final.
Según dicha fuente, el citado auto habría despertado la ira de los áulicos y lugartenientes de Rodrigo Londoño Echeverry, quienes ?en ejercicio de su derecho a la defensa y al uso del recurso de reposición? radicaron el pasado 4 de febrero un memorial de 24 páginas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP (SRV). Eso sí, no sin antes haber manifestado verbalmente su descontento con los magistrados que adicionaron esta nueva imputación.
Además de Londoño Echeverry, el documento con observaciones está firmado por Milton de Jesús Toncel Redondo, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, incluidos el «pool» de abogados que los representan ante la JEP.
Hasta este punto todo parece normal y ajustado a los estándares y procedimientos de los tribunales de la transición.
Pero hay un hecho que, según la fuente, no cuadra en esta historia: el documento fue anexado al expediente y archivado el mismo día que llegó. Un hecho contradictorio en una presidencia de la JEP que se ha caracterizado por hacer mediáticas todas sus actuaciones, en especial en tratándose de aquellas que involucran a los comparecientes del Ejército y de las demás instituciones de la Fuerza Pública.
Si bien en su documento los ex-Farc dan muestra de respeto a las decisiones de la JEP ?señalando incluso que este “desacuerdo con la determinación del crimen de esclavitud no implica que se nieguen hechos y conductas ya reconocidos, ni que se dé un paso atrás en el reconocimiento del daño causado a las víctimas”? llama poderosamente la atención que el presidente de esta corporación, el magistrado Eduardo Cifuentes, haya guardado silencio ante la importancia de esta replica. ¿Será menester recordarle aquel viejo proverbio popular, según el cual “¡el que calla, otorga!”?
No es un asunto menor que estos ex-Farc nieguen su responsabilidad en el delito de lesa humanidad de esclavitud. Máxime si se tiene presente que este hecho hubiese pasado desapercibido de no ser por varios organizaciones de víctimas que se percataron de la situación y de inmediato pusieron el grito en el cielo. Una de esas corporaciones fue MilVíctimas, ONG que vela por los intereses de las víctimas de las Farc que sirvieron en de la Fuerza Pública, incluidos sus familiares y allegados.
MilVíctimas dio a conocer el hecho a la prensa, al tiempo que criticó con firmeza la posición adoptada por el antiguo secretariado de las Farc de no aceptar la imputación en su contra. En un escrito con observaciones a la SRV, esta corporación reprocha el hecho de que Rodrigo Londoño Echeverry y sus hombres descalifiquen la imputación proferida por la JEP, porque para ellos los magistrados presentaron bases suficientes para acreditar que la conducta existió y los comparecientes tienen responsabilidad.
“[…] como una cosa, pretendieron hacer uso, goce, disfrute y disposición, con esta población a través de trueques o intercambios, viéndose la voluntad de los militares y policías víctimas totalmente anulada”, se lee en uno de los apartes del memorial de MilVíctimas, documento que caracteriza esta condenable práctica.
En este orden de ideas, considero que Eduardo Cifuentes debe explicar con suficiencia, al país y a las víctimas, si es cierto que un grupo de magistrados de la JEP intentó meter en el congelador las sindicaciones de esclavitud contenidas en el Auto 244 y si es cierto que existe una corriente en la justicia transicional que no es partidaria de dar este trato a los ex-Farc en calidad de comparecientes.
Magistrado Cifuentes: ¡que el fiel de la balanza de la Justicia no se incline!