Por: Javier Contreras
El fallo de la Corte Constitucional que tumbó la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad es un golpe, ese sí, a la dignidad de quienes deberían ser objeto de protección de la justicia y no a la que tienen “derecho”, según la decisión, los victimarios.
“La cadena perpetua podría ser un tema cruel, inhumano y degradante, más en las condiciones de nuestro sistema carcelario, porque le impide a la persona resocializarse, reintegrarse a la sociedad”, explicó la magistrada ponente, Cristina Pardo en una entrevista con Semana.
Y fue más allá al explicar la decisión: “También consideró que había un retroceso en la humanización del derecho penal, en la humanización de las penas. Por esa razón se afectaba y se sustituía a la Constitución. No podía entenderse la misma, porque no garantizaba de la misma manera la dignidad humana como proyecto original de la Constitución Política. Esa fue la razón fundamental”.
¿Y la violación, el abuso sexual y el asesinato de un menor que son?, no son una grave afectación de la dignidad humana de los menores de edad? ¿Acaso argumento de que un preso tiene derecho a la resocialización no va en contra de los casos de reincidencia de aquellos violadores y asesinos de menores, una vez recobran su libertad?
Que la cadena perpetua es populismo punitivo vociferan los enemigos de la medida entre quienes se cuentan políticos, abogados penalistas y muchos opinadores. Pues no, en Colombia las víctimas tienen menos derechos y garantías que los victimarios.
Y más cuando se trata de menores de edad, a quienes, en teoría, protege la Constitución Nacional que en su artículo 44 dice que sus derechos son prevalentes. Entonces, la guardiana de carta política los desprotegió, no consideró que los derechos de los niños y niñas son prevalentes, sino que por sobre eso estaba la dignidad de los victimarios.
“Lo que sucede es que no había pruebas o evidencias que demostraran que la pena de cadena perpetua realmente protegía a los niños. No está demostrado, no hay pruebas contundentes que muestren que los niños estarían más protegidos”, dijo la magistrada en la entrevista.
¿Es mejor entonces un violador o un abusador sexual “resocializado” en la calle, cuando está demostrado, repito, que tiene una alta posibilidad de reincidencia? ¿Entonces los niños están más protegidos con un abusador en el vecindario? No creo.
Lamentablemente estamos en un país en el que cualquier decisión es aprovechada políticamente para descalificar al contrario, y más en plena campaña electoral. No se está atendiendo el clamor de los padres, madres o familiares de los menores abusados para evitar que esos violadores o asesinos salgan a la calle y cometan sus delitos a otros niños y niñas.
La Corte Constitucional le dio un portazo a la dignidad de los menores, se les abandonó, se les vulneraron sus derechos. Los 60 años de cárcel que se aplican, actualmente, no son suficientes, aunque se diga que en la “práctica” es una cadena perpetua. No, hay que cerrar la puerta para que siquiera haya la posibilidad de que salgan a la calle.
El camino entonces es un referendo popular o por qué no pensar en una Asamblea Constituyente y de paso aprovechamos para reformar la justicia, porque en el Congreso de la República no se ha tomado el toro por los cuernos.
La justicia en vez de considerar que está por encima la dignidad de violadores y asesinos debería proteger a los menores de edad, porque su deber es garantizar que los derechos no sean vulnerados no exponerlos a que sigan siendo violados.