El nuevo capítulo de esta novela, arrancó el lunes 26 de febrero cuando la Cancillería anunció que adjudicaba el millonario contrato de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons. La decisión fue tomada por el entonces secretario general de la entidad, José Antonio Salazar. El tema era polémico porque fue la causa de la salida del canciller Álvaro Leyva, quien fue suspendido por la Procuraduría General por supuestas irregularidades en dicha licitación.
Al poco tiempo de conocerse la noticia, desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que declaraba insubsistente al secretario general de la Cancillería por haber adjudicado el contrato.
@Petrogustavo «El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada», dijo el presidente Petro.
Vale la pena resaltar, que todo ocurrió mientras el canciller encargado, Gilberto Murillo, se encontraba fuera del país.
En medios de comunicación, el 27 de febrero, el exsecretario general, José Antonio Salazar, aseguró que tenía la competencia para adjudicar el contrato de pasaportes y que no quería ser recordado “como el viejito que dejó al país sin pasaportes”. Horas después se conoció que la empresa Thomas Greg & Sons se había notificado de la decisión de la adjudicación del contrato. Sin embargo, la Cancillería emitió un comunicado de prensa diciendo que el secretario general no tenía la competencia para adjudicar ese contrato.
“El 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia. El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el Canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023. El mismo Dr. José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del Canciller (e). El 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro. Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario”.
En el comunicado, la Cancillería también informó que el 23 de febrero se suspendió el proceso licitatorio con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia.
En el capítulo de hoy, el exsecretario general dijo que el canciller encargado, Gilberto Murillo, no conocía los términos jurídicos de la licitación porque era un ingeniero y que además estaba inhabilitado por haber sido condenado por delitos que afecten el patrimonio del Estado.
Mientras que el presidente Petro dijo en X: «No se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto. El señor Salazar ha roto la ley y es la justicia penal a la que corresponde investigar los motivos.
Ante las acusaciones del exsecretario de la Cancillería, Murillo presentó un certificado de antecedentes que prueban no tiene ningún tipo de inhabilidad.
Y sigue la novela…