Texas permitirá a partir de ahora portar armas de fuego sin licencia para su uso, además de no tener que pasar por un control de antecedentes ni recibir instrucción, convirtiéndose así en el último y más importante de una creciente lista de estados que eliminan los requisitos de licencias para el porte de armas en público.
El gobernador republicano Greg Abbott celebró el jueves una ceremonia de firma de la ley en el Álamo, un símbolo histórico clave del orgullo tejano, en San Antonio. Lo calificó como una medida de libertad y defensa propia, al tiempo que lo relacionó con su actual enfrentamiento con la administración Biden sobre el flujo de migrantes a través de la frontera con México.
«Es necesario que la gente tenga un arma para defenderse en el Estado de la Estrella Solitaria», dijo Abbott.
Los grupos defensores de los derechos de las armas han conseguido importantes avances en los esfuerzos por flexibilizar las leyes de porte de armas. Varios estados han aprobado este año proyectos de ley similares, como Tennessee, Utah y Iowa. Montana y Wyoming también han estudiado la posibilidad de portar armas sin licencia. En Luisiana se aprobó una ley, pero se espera que sea vetada. Las asambleas legislativas de Pensilvania y Ohio, controladas por los republicanos, también están estudiando proyectos de ley similares.
La ley de Texas entra en vigor el 1 de septiembre y Abbott firmó el proyecto de ley a pesar de las objeciones de la fuerza pública, que dicen que el cambio pondrá en peligro a los ciudadanos y a la policía. La ley cuenta con el respaldo de grupos defensores de los derechos de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle, quienes afirman permitirá a los tejanos defenderse mejor y eliminará los obstáculos al derecho constitucional a portar armas.
La NRA la ha calificado como la medida de derechos de armas «más significativa» en la historia del estado.
Texas -donde viven más de 29 millones de personas- es el más poblado de los aproximadamente 20 estados que permiten llevar un arma en público sin licencia. La mayoría de ellos han reducido los requisitos en los últimos cuatro años, según el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.